CON NOTICIAS DESDE LUXEMBURGO

Ya se ha hecho pública la esperada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, STJUE de fecha 14 de marzo de 2013 , que responde a la cuestión prejudicial planteada por el Juez Fernández Seijó, titular del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona.

La indicada resolución resuelve las preguntas que en su día el Juez español formuló al Tribunal de Luxemburgo mientras en su Juzgado se tramitaba una demanda interpuesta por Mohamed Aziz contra CatalunyaCaixa, y después de que a aquél se le hubiere expulsado de manera forzosa de su vivienda en 2011.

Durante dicha tramitación, al Juez español le abordaron ciertas dudas sobre el carácter abusivo de determinadas cláusulas de los contratos hipotecarios, así como de la capacidad de la Ley española, para dar una respuesta justa a los hechos que tenía que juzgar.

La sentencia ya se ha pronunciado y ha resuelto que nuestro Derecho es incompatible con la Directiva Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, que se invocaba en la cuestión prejudicial, y que trata sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

  •  Por un lado, concluye que la indicada Directiva, se opone a un derecho como el de nuestro país. Ya que en nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria, no se prevé, ni la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual, ni que el procedimiento de ejecución hipotecaria pueda suspenderse al detectarse un posible abuso, pues el juez que conozca del proceso declarativo (que sería el único competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula), no puede adoptar medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria.
  •  Y por otro lado, respecto al concepto de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor, (que hace referencia a la desproporción de la sanción que tiene que afrontar el ejecutado tras dejar de pagar las cuotas),  india que debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes. Ello para determinar si -y cómo y de qué manera- el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. 
  •  También se expone, que debe comprobarse si el profesional, -en ese caso el Banco- tratando de manera leal y equitativa con el consumidor -al ahora afectado-, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual. Por último, también parece interpretarse que el anexo al que remite esa disposición sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.

A partir de ahora, la Sentencia de Luxemburgo vinculará al Juzgado Mercantil 3 de Barcelona para resolver el litigio planteado por  Mohamed Aziz, y, de la misma manera, vinculará al resto de Juzgados españoles que conozcan de un supuesto de hecho idéntico. En este sentido, sentó jurisprudencia la Sentencia de 5 de febrero de 1063 (Asunto Van Gen & Loos) estableciendo el principio de que la legislación de la UE era directamente aplicable a los Tribunales de los Estados miembros.

Nadie pone en duda que la reciente Sentencia representa un hito en la historia del Derecho español, pues ya antes de dictarse muchos Juzgados de este país suspendían procedimientos idénticos y/o similares, a la espera de que Luxemburgo se pronunciase. Lo cierto es que las sentencias en sí mismas dan una solución al problema de un supuesto concreto, pero no solucionan el origen del mismo y, por lo tanto, no acaban con él. Será por lo tanto necesario el compromiso de los diferentes colectivos judiciales, de la mayoría parlamentaria y del conjunto de la sociedad, para que finalmente lleguen a buen puerto los logros obtenidos con esta Sentencia.

El problema de los desahucios que hoy sufre nuestra sociedad, ya empezó a gestarse con la “burbuja inmobiliaria”, y, aunque desde su origen hemos sido testigos de muchas críticas sobre los años de oro del ladrillo, en realidad, ¿somos conscientes de cómo hemos llegado hasta aquí, y del esfuerzo que nos queda por hacer?. No está tan claro que hayamos entendido el problema, y mucho menos, que hayamos aprendido a funcionar de manera distinta.

Estamos acostumbrados a pedirnos más y más: pensamos MÁS en lo que queremos tener que en lo que tenemos, pensamos MÁS en dónde queremos ir que dónde estamos. Técnicamente, también queremos comunicaciones MÁS rápidas y eficaces. Y, nuestro ritmo de vida también se ha visto afectado, ya que necesitamos hacer MÁS cosas en el menor tiempo posible. Y para colmo, tanta aceleración nos conduce a una paradoja mayor: la sensación constante de que nos falta tiempo para hacer todo lo que “debemos” hacer.

¿Y quién es responsable de esta ambición sin fin? Precisamente, no son responsables -ni mucho menos culpables- los afectados por los desahucios, a diferencia de lo que algunos políticos y medios intentan hacernos creer. Los afectados, no representan un sector de la sociedad que se mueve por la avaricia y que movido por dicho objetivo pretenda eludir responsabilidades de forma gratuita.

Por el contrario, los afectados son las víctimas de esta filosofía de vida instaurada en nuestra sociedad. Precisamente, nos referimos a toda esa cadena de intereses y esquema de vida prediseñado y asumido por todos, una forma de actuar desbocada de “ir a por todas” y “a por todo” antes que disfrutar (que es muy distinto que conformarse) con lo que se tiene.

De alguna manera hemos de corregir la aceleración con la que vivimos. Podemos hacerlo de dos maneras: de forma forzada, o intencionadamente tal y como proponen los movimientos slow, que apuestan por impulsar la lentitud contra el frenesí del “cada vez más (deprisa)”, y por no  hipotecarnos destruyendo nuestra vida a largo plazo por culpa del corto plazo.

 

Procuraduría Alicia Portabella